Justicia: la humana tarda, la divina ¿llega?

N. de R.: Se llamaba Fernando Romeo Lucas García y cuando lo encontré en Puerto La Cruz ya estaba postrado en una cama sin remedio. La agonía le llegó temprano. Requerido por la justicia española para pagar por algunos de los crímenes que le atribuían, se encontraron con que desde hacía bastante tiempo expiaba sus culpas en el abismo del Alzheimer. Así que, a pesar del hallazgo periodístico, todo lo que me quedó para constatar en este trabajo publicado en 2005 en "El Nacional" era la laxa custodia de la policía local para el acusado de lesa humanidad, y la escasa probabilidad de que fuera extraditado para enfrentar a la justicia. En efecto, un par de meses después el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela rechazó la solicitud española de deportarlo, por razones humanitarias. Y un año después, el 26 de mayo de 2006, murió de un paro respiratorio.

Ex presidente de Guatemala, requerido por cargos de lesa humanidad, vive en Venezuela
EL GENERAL LUCAS GARCÍA RECORRE EL LABERINTO DE LA JUSTICIA Y LA AGONÍA

Dictador entre 1978 y 1982, se le achacan múltiples atrocidades. La Audiencia Nacional de España acaba de emitir una orden de detención en su contra, responsabilizándolo del asesinato de siete ciudadanos españoles, algunos de ellos fallecidos en el mismo incidente en que murió el padre de la Premio Nóbel de la Paz, Rigoberta Menchú. Pero quizás nunca responda por ello: pasa sus días en Puerto La Cruz, extraviado en las profundidades del Mal de Alzheimer.

En 1983 Rigoberta Menchú se dio a conocer en todo el mundo con un libro cuyo título anticipaba el tono, necesariamente confesional, aunque inimaginablemente cándido y brutal a la vez, de su autobiografía: Me llamo Rigoberto Menchú y así me nació la conciencia.
Hoy, en cambio, se presenta a páginas completas de los tabloides de Guatemala con un propósito distinto, aunque también con la apariencia del testimonio: “Soy Rigoberta Menchú”, encabeza el texto de un aviso de Farmacias Similares, la cadena mexicana de medicamentos genéricos, “y yo no recomendaría nada que no fuera de ¡excelente calidad!”.
Entre tantas cosas que tienen que haber cambiado a lo largo de estos 22 años para que la Premio Nóbel de la Paz de 1992 endose a una marca comercial –de la que, insisten en señalar sus detractores, además sería socia–, una parece, sin embargo, inmutable: el grupo de cuentas que Menchú mantiene pendientes desde hace un cuarto de siglo con los regímenes militares que asolaron su país en medio de la guerra fría internacional y de la guerra civil nativa, más caliente y sucia, que costó la vida a unos 200.000 guatemaltecos. Las bajas incluyeron a dos hermanos de Rigoberta, Patrocinio y Víctor, y a su madre, Juana, todos desaparecidos; así como a su padre, Vicente, quien murió junto a otras 35 personas entre los escombros calcinados de la Embajada de España en Ciudad de Guatemala, recuperada a sangre y fuego por la policía en un confuso asalto que intentaba desalojar a un grupo de tomistas en enero de 1980.
Ahora, después de tanto tiempo, las pistas conducen a que el máximo responsable de ese incidente y, por lo tanto, de la muerte de Vicente Menchú –al menos, según lo establecido hasta el momento por la Audiencia Nacional española-, yace moribundo en una quinta de Lecherías, estado Anzoátegui, sin aguardar a que la tardía justicia de los hombres lo sancione o lo absuelva.

SILENCIO EN LECHERÍAS
Cerca de la intersección de las calles Píritu y Urbaneja de ese cantón pudiente de Puerto La Cruz, se encuentra una quinta de estilo colonial y amplia fachada de color blanco. Allí vive el general Fernando Romeo Lucas García, presidente de Guatemala entre 1978 y 1982. O quizás sería más preciso decir que allí sobrevive el general Lucas: según numerosos testimonios, ya son muchos los años desde que se hundió en el Mal de Alzheimer, en cuya fase terminal se encontraría.
El único periodista que lo ha podido ver fue, a mediados de 2004, Pedro Pop, entonces reportero del diario Prensa Libre de Guatemala y hoy consultor independiente en comunicaciones. “Acostado, inmóvil y con la mirada perdida, Lucas García pasa los días y las noches sin tener noción de lo que ocurre a su alrededor”, escribió Pop para su periódico. “Sus rasgos físicos han cambiado, en especial el rostro, que parece más afilado y alargado (…) el jefe militar autoritario, a quien acusan de haber ordenado múltiples crímenes políticos, ahora luce extremadamente delgado y sin capacidad para hablar”.
No son pocos los conocedores del caso que atribuyen la prolongación de la vida de Lucas García, hoy de 81 años de edad, a los desvelos de su esposa desde 1978, la venezolana Elsa Cirigliano. Ella es parte de una de las familias más influyentes de Anzoátegui, los Cirigliano, propietarios de la televisora regional TVO, del equipo Marinos de Oriente de la Liga Profesional de Baloncesto y, haciendo honor a sus ancestros italianos, del principal pastificio de la zona.
Contactada por El Nacional el pasado mes de mayo, la señora Cirigliano declinó la oportunidad de brindar declaraciones públicas, alegando que “no era oportuno” y que no quería “levantar el polvo” en este momento. Sus precauciones no parecen estar de más. Gente del entorno familiar asegura que, a raíz de las fugaces revelaciones que la prensa internacional recientemente hizo sobre el pasado del general Lucas García, y de las que los medios venezolanos apenas se hicieron eco, la única hija del matrimonio, María Fernanda, de 26 años de edad y desconocedora de ese pasado, habría sufrido un leve accidente cerebrovascular que dejó secuelas en su visión.
El general Fernando Romeo Lucas García reside en Venezuela desde 1982, después de que fuera derrocado por un putsch de jóvenes oficiales del ejército. El bajo perfil que desde entonces mantuvo y las garantías de cobertura que quizás adivinó en el peso específico que su familia política ha adquirido en el oriente del país, tendieron un conveniente manto de olvido y, se supone, de alivio, alrededor de su figura. El mismo manto quizás patrocinó la inveterada costumbre de los Cirigliano de contar con personal guatemalteco en sus hogares, probable señal de su continua relación con el país centroamericano. De hecho, el reportero Pedro Pop rastreó el paradero de Lucas García en Venezuela a través de la familia de Luz Hernández, enfermera de cabecera del general, también chapina.
Pero el camuflaje poco pudo contra la orden internacional de detención que el juez Fernando Grande-Marlaska, de la Audiencia Nacional de España, libró hace cuatro meses contra el general Lucas García bajo cargos de tortura y asesinato.

JUSTICIA ESPAÑOLA
En 1999, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala concluyó que nueve de cada diez de las 200.000 víctimas fatales provocadas por el conflicto irregular de ese país, habían caído por acciones de las Fuerzas Armadas. Este dato, responde desde Guatemala el presidente de la Fundación Rigoberto Menchú Tum (FRMT), Gustavo Meoño, y “el proceso abierto en España en contra del General Augusto Pinochet y su posterior detención en Londres, nos permitieron ver, que la doctrina y los procedimientos jurídicos de la Jurisdicción Universal nos abrían una puerta para luchar contra la impunidad que prevalecía y prevalece en Guatemala para proteger a los responsables del genocidio cometido en nuestro país”.
Así fue como en el año 2000 y ante la propia Audiencia Nacional de España que promovió la inédita captura del dictador chileno, la Fundación introdujo una causa por genocidio contra diferentes funcionarios de los regímenes militares que gobernaron Guatemala con mano de hierro durante 25 años, entre ellos, Lucas García. El proceso quedó a cargo del juez Fernando Grande-Marlaska. No obstante, en una revisión del caso que solicitó la Fiscalía española, el Tribunal Supremo determinó en 2003 –mediante una decisión que hoy sigue sujeta a un recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional de España- que la Audiencia Nacional no dispone del fuero para examinar la acusación genérica de genocidio en otros territorios y que, en su lugar, sólo puede avocarse a los casos que afecten a víctimas españolas.
En ese marco jurídico el juez Grande-Marlaska, que por estos días ha vuelto a ocupar las primeras planas de los diarios hispanos al poner tras las rejas al parlamentario de la izquierda vasca Arnaldo Otegi, emitió el 15 de febrero pasado una orden internacional de detención contra Fernando Romeo Lucas García, a quien imputa siete cargos de asesinato –incluyendo a tres diplomáticos españoles que perecieron en el asalto a la Embajada, y a cuatro sacerdotes de la misma nacionalidad aniquilados por la represión-, uno de tentativa de asesinato –en la persona del ex Embajador de España en Guatemala, Máximo Cajal- y otro de tortura. Persuadido de que, como reza su resolución, “se ha podido comprobar razonablemente cómo Fernando Romeo Lucas García, entonces Presidente de la República de Guatemala, pudiera residir actualmente en territorio de Venezuela”, el juez Grande-Marlaska libró una orden de detención preventiva al amparo del artículo 24 del Tratado de Extradición suscrito entre Venezuela y España en 1989.

NO HAY CASO
En Venezuela, las autoridades competentes para diligenciar la detención preventiva son los oficiales del Ministerio Público. La Fiscal Nacional 22, Elba Hager, habría sido así la responsable de llevarla a efecto. Pero dada la condición de salud del imputado, y la imposibilidad consiguiente de presentarlo ante un juez de control en Caracas, la Fiscalía acordó solicitar al tribunal un apostamiento policial para la custodia de Lucas García, que la Policía del Estado Anzoátegui hizo efectivo mientras el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) establece qué hacer con este reo, más que de la jurisprudencia, del Alzheimer. “Yo actúo en este caso, que no está en mis manos, de acuerdo a lo que un tribunal requiere”, aclara el gobernador del estado Anzoátegui, Tarek William Saab, abogado, y un reconocido activista de los derechos humanos antes de militar en el oficialista Movimiento Quinta República (MVR). “Aquí las competencias están muy delineadas”.
Corresponde al TSJ –contando con la opinión del Fiscal General de la República- determinar si la extradición, que aún no ha sido solicitada desde España, se cumple. El mecanismo de rotación de la Sala Penal puso el caso en manos de la magistrada Blanca Rosa Mármol de León, quien será la ponente del proyecto de decisión si el país requiriente, España, sustancia su solicitud.
“Aquí hay un dilema: la persona está efectivamente en un estado muy delicado de salud y su comparecencia ante la Audiencia Nacional española podrá ser sólo simbólica, porque este señor no habla, no camina. Por lo tanto, ya competirá a la justicia española decidir”, se anima a opinar el gobernador Saab, siempre a título personal.
Pero la idea de que en este caso late una cruel disyuntiva pertenece al mundo de los legos. Según una fuente muy cercana al TSJ y conocedora de la materia, que solicitó anonimato, “jurídicamente no hay caso, pues el imputado no tiene ni conciencia ni voluntad. Además, el Tratado de Extradición entre España y Venezuela prevé la posposición de la extradición por enfermedad, y estando la enfermedad del general Lucas García debidamente certificada por la Fiscalía mediante el examen médico forense que realizó, y siendo de carácter irreversible, lo que se da técnicamente es una especie de suspensión permanente”. Por tanto, la extradición no procedería, un escenario que lleva a la misma fuente tribunalicia a ensayar la siguiente propuesta: “Deberíamos reflexionar por qué la justicia llega tan tarde”.
La larga agonía del general Lucas García, sin duda cada vez más próxima a su fin, no arredra, sin embargo, a los querellantes de la Fundación Rigoberto Menchú Tum. “Nosotros confiamos en que el Estado de la República Bolivariana de Venezuela”, insiste Gustavo Meoño, su presidente, “cumpla con sus compromisos internacionales en apoyo a la justicia, contra los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. En todo caso, si no se concede la extradición, son las autoridades judiciales o gubernamentales de Venezuela las que deben dar las explicaciones pertinentes y sería el juez español que está realizando la solicitud, ante el tipo de respuesta, el que solicitaría la acción o prevención pertinente”.

RECUADRO 1
Amor y paz

Ni proscrito ni rescatado, Fernando Romeo Lucas García llegó a Venezuela “a través del amor”. La frase pertenece al periodista Jorge Palmieri, quien fuera Embajador de Guatemala en México durante el gobierno del general y quien se jacta de haber estado almorzando con él cuando el entonces Presidente conoció, el 31 de enero de 1980, la noticia de la toma de la Embajada de España por un grupo de campesinos maya-quiché. “Al principio se puso muy disgustado pero luego, muy tranquilo, le preguntó al ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz, qué estaban haciendo. Al final del almuerzo, Álvarez llamó para informar que la policía había rodeado la sede diplomática. Jamás olvidaré lo que Lucas dijo entonces: ‘Decíle a Chupina’, refiriéndose a Germán Chupina, comandante de la policía, ‘que tenga mucho cuidado, porque en estas cosas, el que se enoja, pierde’”.
Hoy columnista del diario Prensa Libre de Guatemala, Palmieri sigue empeñado en revisar la historia oficial del desgraciado episodio. Desde las páginas de opinión siembra dudas acerca de la actuación del embajador Máximo Cajal –a quien, sin más, tilda de simpatizante de la guerrilla- y del inicio del incendio en la edificación, que atribuye a una bomba molotov de los tomistas.
A pesar de ello y de una lealtad sin vacilaciones hacia la gestión de Lucas, jura no haber tenido más contacto con él. “Se fue de Guatemala y tengo entendido que se aisló bastante. Varios de sus amigos trataron de contactarlo y no pudieron. Él estaba muy deprimido y decepcionado después del golpe de 1982, pensaba que el ejército no lo iba a traicionar. Luego, su madre murió al poco tiempo que él cayó. Lucas era un hombre muy serio pero solitario, muy deseoso de formar familia, con un complejo de Edipo tremendo, muy apegado a su mamá, y andaba buscando formar familia, una paz que no llegó a tener por mucho tiempo. Por todo ello creo que fue muy afortunado de su parte cuando se pudo ir a Venezuela por tener esta relación amorosa”. Sin perjuicio de la versión del aislamiento que Palmieri enarbola, fuentes cercanas a la familia del general en Puerto La Cruz aseguraron a El Nacional que el general Lucas conservó una propiedad rural en el área de Cobán, Guatemala, a la que habría visitado en diversas oportunidades.
De acuerdo al reportero Pedro Pop, Lucas se topó con Elsa Cirigliano tan temprano como en 1956, cuando vino a Venezuela a hacer un curso de especialización militar. El amor floreció, resistente, hasta que en 1978 contrajeron matrimonio en secreto. A la caída de Lucas, se expatrió en el terruño de su consorte. Tan larga estadía no valió para que adoptara la nacionalidad venezolana. En el legajo que actualmente reposa en la Sala Penal del TSJ, constaría la existencia de una cédula de identidad a su nombre, en condición de extranjero.

RECUADRO 2
Se busca
El juez Fernando Grande-Marlaska, que imputó en principio al general Fernando Romeo Lucas García la urdimbre de “un plan tendente a minimizar la etnia maya”, finalmente le responsabiliza por la muerte de siete ciudadanos españoles: Jaime Ruiz del Árbol, Luis Felipe Sanz Martínez y María Teresa Vázquez, personal de la Embajada española; y los sacerdotes José María Gran Ciera, Faustino Villanueva, Juan Alonzo Fernández, y Carlos Pérez Alonzo. Aparte de eso, las organizaciones de derechos humanos de Guatemala cargan a la cuenta del gobierno de Lucas García más de 500 masacres documentadas. Otras sonadas atrocidades, como el secuestro y desaparición de 27 dirigentes de la Central Nacional de Trabajadores, se le atribuyen.