19 de diciembre de 2012

Paralelismos del Alba

N. de R.: Esta nota me fue solicitada por el diario Clarín de Buenos Aires, casi en vísperas del 7D que terminó siendo el 17D: la fecha determinada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para iniciar los trámites de reversión  de algunas de las frecuencias ocupadas por operaciones radiales/televisivas del Grupo Clarín, y en las que éste habría de desinvertir para plegarse a los términos de la nueva Ley de telecomunicaciones cuya vigencia, al momento de escribir este preámbulo, seguía en suspenso. 
Se me pidió una nota que resumiera las condiciones de la libertad de prensa en Venezuela. Traté de ser breve y, más que eso: que los ejemplos que nombrase en el texto tuvieran algún eco de semejanza con lo que podría pasar en Argentina, donde parece más que factible que la invocación a fines superiores como la "democratización de los medios" resulte al final poco más que una astucia para instaurar mecanismos de control que sólo permitirán difundirse a lñas voces y versiones oficiales.
Pero, con todo y eso, no fue suficiente. o, mejor dicho: hubo de más. No bastaba el espacio disponible para publicarla. Debieron editarla. Y publicaron esto:

http://www.clarin.com/politica/Venezuela-verdad-oficial-tuerta_0_824917650.html

Reconozco que quien cinceló el texto le dio forma con criterio. Son podas que todos los días se hacen en los periódicos. El criterio que utilizó, sin embargo, lo llevó a dejar por fuera una mención que originalmente hacía a Venevisión, mención que echo de menos. Ese es el motivo más poderoso para que publique hoy la versión inicial del artículo.


En Venezuela la verdad es oficial y tuerta

Democratizar los medios y obligar a que se diga “la verdad”: las dos grandes premisas que el gobierno del presidente Chávez y la revolución bolivariana han hecho explícitas como guías de su relación con la prensa desde 1999. Banderas con las que concordar resulta fácil, pero cuyo despliegue en los hechos ha sido, por decir lo menos y para desconcierto de muchos,  tuerto y selectivo.
La salida del aire de RCTV en mayo de 2007, uno de los dos más populares y tradicionales canales de televisión del país, marcó un momento definitivo en esas relaciones. Meses antes el propio presidente Chávez había anunciado la desaparición de “ese canal golpista”. No obstante, las autoridades fueron incapaces de mostrar qué advertencias o sanciones previas se habían expedido a esa planta televisora, de acuerdo a lo estipulado en la vigente Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que justificaran la negativa del Estado a renovar la licencia de RCTV una vez extinta.
Hoy, en la antigua señal de RCTV (el canal 2 de la frecuencia VHF) se ve un canal estatal, TVeS. En realidad, rara vez se ve: 1% de los hogares venezolanos es la cota máxima de audiencia que suele alcanzar. Al nacer prometía ser un medio de servicio público, como la BBC británica o la NPR estadounidense. Con el tiempo, sin embargo, se ha dedicado a producir telenovelas –género favorito de los venezolanos, del que RCTV fue un activo exportador- con títulos como “Caramelo’e chocolate” o “Teresa en tres estaciones” que –se lee en el microwebsite de la última- narran historias sobre “la gran esperanza de los protagonistas (…) de una Venezuela en movimiento”. Ahora que se desarrolla la campaña electoral de cara a los próximos comicios regionales del 16 de diciembre, TVeS muestra escaso o ningún pudor para transmitir, en vivo y directo y sin cortes comerciales,  los mitines de los candidatos a gobernadores provinciales del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) .
Hoy no existe la pantalla de RCTV, ni siquiera en su minimizada versión de televisión paga en la que, bajo la marca de RCTV Internacional, se refugió. Otra medida del Ejecutivo la proscribió en 2010 de los cableoperadores.
Hoy, en cambio, Venevisión, la otra gran señal abierta y nacional de TV privada, sigue al aire. De hecho, la misma noche que RCTV desapareció, el gobierno habilitó por cinco años la concesión de Venevisión, a pesar de que en sus estudios se reunieran durante la madrugada del 11-12 de abril de 2002 los representantes de los poderes fácticos que entonces intentaron desalojar a Chávez del poder. ¿Cómo logró semejante indulgencia? En 2004 su dueño, el magnate Gustavo Cisneros, concertó unos términos de convivencia con el gobierno. Desde entonces, los espacios informativos de Venevisión se portan bien. Dirigidos por un ingeniero proveniente de la parte técnica, se cuidan de mantener en los noticiarios una paridad matemática de una información favorable al gobierno seguida por otra que proceda o de la oposición o de una fuente no política. Se suma a ese ejercicio un propósito ostensible por nunca tener una primicia. El esfuerzo por producir un artefacto que sea informativo en apariencia, pero a la vez descafeinado, que ni huela ni hieda, ni perturbe jamás a algún funcionario público, se ampara bajo un lema, “Información Justa y Balanceada”, que se va convirtiendo en motivo de escarnio para el periodismo venezolano.
Así que el cierre de RCTV tuvo como resultado neto, a cinco años de distancia, la destrucción de buena parte de las audiencias de la TV abierta, que no migraron ni a TVeS ni a otras opciones privadas o del Estado. Y el público que siguió, por lealtad u obligación, mirando ese espectro, recibe desde entonces una información insuficiente y bastante parcial, en términos de pluralidad.
¿Otro ejemplo? El 31 de julio de 2009, la autoridad del área anunció de manera sumaria el cierre, con efecto al día siguiente, de 32 emisoras de radio y una televisora local. Para la sanción se alegaron fallas en la documentación de sus habilitaciones administrativas, fallas en algunos casos gruesas, de minucia en otros. La mayoría de las sanciones, en cualquier caso, afectaron a medios de oposición: muy señaladamente, quedó desmantelado el Circuito CNB, uno de los más importantes de la radiodifusión venezolana, y cuya frecuencia fue otorgada a la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo. Pero eso no fue todo. En el mismo anuncio se advirtió que quedaban bajo examen otras 200 concesiones que presentaban defectos y que podían correr la misma suerte. La lista nunca se dio a conocer. Pero muchas emisoras de Caracas y del resto de país, previendo que pudieran ser las próximas en sufrir sanciones, prefirieron curarse en salud: se deshicieron de las voces más críticas de sus espacios de opinión, limpiaron sus noticiarios de contrariedades para el gobierno, incluso, se dejaron comprar por capitales privados cercanos a la revolución. El resultado ha sido el de una radio de información monocorde, con escaso contraste.
El Estado venezolano es, gracias al ingreso petrolero, un verdadero potentado. Y a ese poder financiero se agrega el inmenso poder institucional que Chávez ha amasado con la cooptación del sistema judicial, de las fuerzas armadas, de los órganos colegiados de gobierno local y del aparato productivo que aún no aniquila. Por tanto, cuenta con las herramientas para hacerse de modos sutiles de controlar  a la disidencia sin tener que apelar a métodos más crudos, propios de los regímenes de fuerza tradicionales, de los que con toda probabilidad el resto del mundo se percataría y no aceptaría. No en balde el intermitente ministro de Información y Comunicación, Andrés Izarra, pudo ufanarse en una entrevista en 2007 que el propósito de la revolución bolivariana es conseguir “una hegemonía comunicacional e informativa del Estado que permita la batalla ideológica y cultural para impulsar nuestro modelo”, enunciado que para todos los efectos rima con la denominación orwelliana de su despacho.
Cuando un testimonio desaprensivo afirma que en Venezuela hay libertad de prensa plena porque, “yo mismo vi noticias y titulares donde le decían cualquier cosa a Chávez”, no se engaña. Pero, quizás inadvertidamente, sí contribuye a engañar. Es cierto que no hay allanamientos indiscriminados de diarios y revistas, periodistas desaparecidos o censores en las redacciones. Porque esas constaciones son, en lugar de muestras de libertad, las señales externas que un elaborado sistema de control, de distinta naturaleza, necesita para legitimarse.
Lo que queda de periodismo independiente en Venezuela –incluyendo ese periodismo que se dice “de oposición” y que con regularidad incurre en exacciones y malas praxis- evita abordar determinados temas.  Verbigracia, el ascenso de las grandes fortunas privadas que se formaron a la sombra de negociados con el Estado chavista, que en su conjunto y coloquialmente los venezolanos llamamos boliburguesía.  No hay cobertura al respecto. La prudencia en este caso no es virtud sino derivado de un rosario de acciones de amedrentamiento que invocan a la contención y la autocensura.
Algunas cuentas de ese rosario son viejas conocidas: leyes ad hoc para limitar contenidos, amenazas y agresiones de baja intensidad contra periodistas, entre ellas. Pero las hay de nuevo cuño: las cadenas nacionales, con las que Chávez ha confiscado a cada medio radioléctrico del país tiempo equivalente a un discurso de cuatro meses continuos. O la nacionalización de las empresas de banca, telefonía, energía eléctrica o distribución de alimentos que antaño fueron los principales anunciantes de los medios privados, siendo que el Estado petrolero ya era un avisador tan poderoso como caprichoso en lo que al uso de la pauta publicitaria como castigo se refiere. O la demolición diaria de reputaciones de periodistas a través de espacios en los medios oficiales –tres canales nacionales de TV, 500 radioemisoras, la cadena regional TeleSur- que se dedican a difamar bajo la coartada de una “lectura crítica de medios”. O la compra de medios poco dóciles por parte de fortunas “amistosas”.
Con esas astucias se construye una hegemonía en nombre de la democratización de los medios y de la verdad.
  

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