Se me pidió una nota que resumiera las condiciones de la libertad de prensa en Venezuela. Traté de ser breve y, más que eso: que los ejemplos que nombrase en el texto tuvieran algún eco de semejanza con lo que podría pasar en Argentina, donde parece más que factible que la invocación a fines superiores como la "democratización de los medios" resulte al final poco más que una astucia para instaurar mecanismos de control que sólo permitirán difundirse a lñas voces y versiones oficiales.
Pero, con todo y eso, no fue suficiente. o, mejor dicho: hubo de más. No bastaba el espacio disponible para publicarla. Debieron editarla. Y publicaron esto:
http://www.clarin.com/politica/Venezuela-verdad-oficial-tuerta_0_824917650.html
Reconozco que quien cinceló el texto le dio forma con criterio. Son podas que todos los días se hacen en los periódicos. El criterio que utilizó, sin embargo, lo llevó a dejar por fuera una mención que originalmente hacía a Venevisión, mención que echo de menos. Ese es el motivo más poderoso para que publique hoy la versión inicial del artículo.
En Venezuela la verdad es oficial y tuerta
Democratizar
los medios y obligar a que se diga “la verdad”: las dos grandes premisas que el
gobierno del presidente Chávez y la revolución bolivariana han hecho explícitas
como guías de su relación con la prensa desde 1999. Banderas con las que concordar
resulta fácil, pero cuyo despliegue en los hechos ha sido, por decir lo menos y
para desconcierto de muchos, tuerto y
selectivo.
La salida
del aire de RCTV en mayo de 2007, uno de los dos más populares y tradicionales
canales de televisión del país, marcó un momento definitivo en esas relaciones.
Meses antes el propio presidente Chávez había anunciado la desaparición de “ese
canal golpista”. No obstante, las autoridades fueron incapaces de mostrar qué advertencias
o sanciones previas se habían expedido a esa planta televisora, de acuerdo a lo
estipulado en la vigente Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que justificaran
la negativa del Estado a renovar la licencia de RCTV una vez extinta.
Hoy, en la antigua señal de RCTV (el canal 2 de
la frecuencia VHF) se ve un canal estatal, TVeS. En realidad, rara vez se ve:
1% de los hogares venezolanos es la cota máxima de audiencia que suele alcanzar.
Al nacer prometía ser un medio de servicio público, como la BBC británica o la
NPR estadounidense. Con el tiempo, sin embargo, se ha dedicado a producir
telenovelas –género favorito de los venezolanos, del que RCTV fue un activo
exportador- con títulos como “Caramelo’e chocolate” o “Teresa en tres
estaciones” que –se lee en el microwebsite de la última- narran historias sobre
“la gran esperanza de los protagonistas (…) de una Venezuela en movimiento”.
Ahora que se desarrolla la campaña electoral de cara a los próximos comicios
regionales del 16 de diciembre, TVeS muestra escaso o ningún pudor para
transmitir, en vivo y directo y sin cortes comerciales, los mitines de los candidatos a gobernadores
provinciales del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) .
Hoy no existe la pantalla de RCTV, ni siquiera
en su minimizada versión de televisión paga en la que, bajo la marca de RCTV
Internacional, se refugió. Otra medida del Ejecutivo la proscribió en 2010 de
los cableoperadores.
Hoy, en cambio, Venevisión, la otra gran señal
abierta y nacional de TV privada, sigue al aire. De hecho, la misma noche que
RCTV desapareció, el gobierno habilitó por cinco años la concesión de
Venevisión, a pesar de que en sus estudios se reunieran durante la madrugada
del 11-12 de abril de 2002 los representantes de los poderes fácticos que entonces
intentaron desalojar a Chávez del poder. ¿Cómo logró semejante indulgencia? En
2004 su dueño, el magnate Gustavo Cisneros, concertó unos términos de
convivencia con el gobierno. Desde entonces, los espacios informativos de
Venevisión se portan bien. Dirigidos por un ingeniero proveniente de la parte
técnica, se cuidan de mantener en los noticiarios una paridad matemática de una
información favorable al gobierno seguida por otra que proceda o de la oposición
o de una fuente no política. Se suma a ese ejercicio un propósito ostensible
por nunca tener una primicia. El esfuerzo por producir un artefacto que sea informativo
en apariencia, pero a la vez descafeinado, que ni huela ni hieda, ni perturbe jamás
a algún funcionario público, se ampara bajo un lema, “Información Justa y
Balanceada”, que se va convirtiendo en motivo de escarnio para el periodismo
venezolano.
Así que el cierre de RCTV tuvo como resultado
neto, a cinco años de distancia, la destrucción de buena parte de las
audiencias de la TV abierta, que no migraron ni a TVeS ni a otras opciones
privadas o del Estado. Y el público que siguió, por lealtad u obligación, mirando
ese espectro, recibe desde entonces una información insuficiente y bastante
parcial, en términos de pluralidad.
¿Otro ejemplo? El 31 de julio de 2009, la
autoridad del área anunció de manera sumaria el cierre, con efecto al día
siguiente, de 32 emisoras de radio y una televisora local. Para la sanción se
alegaron fallas en la documentación de sus habilitaciones administrativas,
fallas en algunos casos gruesas, de minucia en otros. La mayoría de las
sanciones, en cualquier caso, afectaron a medios de oposición: muy
señaladamente, quedó desmantelado el Circuito CNB, uno de los más importantes
de la radiodifusión venezolana, y cuya frecuencia fue otorgada a la Asamblea
Nacional, controlada por el oficialismo. Pero eso no fue todo. En el mismo
anuncio se advirtió que quedaban bajo examen otras 200 concesiones que
presentaban defectos y que podían correr la misma suerte. La lista nunca se dio
a conocer. Pero muchas emisoras de Caracas y del resto de país, previendo que
pudieran ser las próximas en sufrir sanciones, prefirieron curarse en salud: se
deshicieron de las voces más críticas de sus espacios de opinión, limpiaron sus
noticiarios de contrariedades para el gobierno, incluso, se dejaron comprar por
capitales privados cercanos a la revolución. El resultado ha sido el de una
radio de información monocorde, con escaso contraste.
El Estado venezolano es, gracias al ingreso
petrolero, un verdadero potentado. Y a ese poder financiero se agrega el
inmenso poder institucional que Chávez ha amasado con la cooptación del sistema
judicial, de las fuerzas armadas, de los órganos colegiados de gobierno local y
del aparato productivo que aún no aniquila. Por tanto, cuenta con las
herramientas para hacerse de modos sutiles de controlar a la disidencia sin tener que apelar a métodos
más crudos, propios de los regímenes de fuerza tradicionales, de los que con
toda probabilidad el resto del mundo se percataría y no aceptaría. No en balde
el intermitente ministro de Información y Comunicación, Andrés Izarra, pudo
ufanarse en una entrevista en 2007 que el propósito de la revolución
bolivariana es conseguir “una hegemonía comunicacional e informativa del Estado
que permita la batalla ideológica y cultural para impulsar nuestro modelo”,
enunciado que para todos los efectos rima con la denominación orwelliana de su
despacho.
Cuando un testimonio desaprensivo afirma que en
Venezuela hay libertad de prensa plena porque, “yo mismo vi noticias y
titulares donde le decían cualquier cosa a Chávez”, no se engaña. Pero, quizás
inadvertidamente, sí contribuye a engañar. Es cierto que no hay allanamientos
indiscriminados de diarios y revistas, periodistas desaparecidos o censores en
las redacciones. Porque esas constaciones son, en lugar de muestras de
libertad, las señales externas que un elaborado sistema de control, de distinta
naturaleza, necesita para legitimarse.
Lo que queda de periodismo independiente en
Venezuela –incluyendo ese periodismo que se dice “de oposición” y que con
regularidad incurre en exacciones y malas praxis- evita abordar determinados
temas. Verbigracia, el ascenso de las
grandes fortunas privadas que se formaron a la sombra de negociados con el Estado
chavista, que en su conjunto y coloquialmente los venezolanos llamamos boliburguesía. No hay cobertura al respecto. La prudencia en
este caso no es virtud sino derivado de un rosario de acciones de amedrentamiento
que invocan a la contención y la autocensura.
Algunas cuentas de ese rosario son viejas
conocidas: leyes ad hoc para limitar
contenidos, amenazas y agresiones de baja intensidad contra periodistas, entre
ellas. Pero las hay de nuevo cuño: las cadenas nacionales, con las que Chávez ha
confiscado a cada medio radioléctrico del país tiempo equivalente a un discurso
de cuatro meses continuos. O la nacionalización de las empresas de banca,
telefonía, energía eléctrica o distribución de alimentos que antaño fueron los
principales anunciantes de los medios privados, siendo que el Estado petrolero
ya era un avisador tan poderoso como caprichoso en lo que al uso de la pauta
publicitaria como castigo se refiere. O la demolición diaria de reputaciones de
periodistas a través de espacios en los medios oficiales –tres canales
nacionales de TV, 500 radioemisoras, la cadena regional TeleSur- que se dedican
a difamar bajo la coartada de una “lectura crítica de medios”. O la compra de
medios poco dóciles por parte de fortunas “amistosas”.
Con esas astucias se construye una hegemonía en
nombre de la democratización de los medios y de la verdad.
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